El lunes 09 de junio se realizó en la Moneda la primera sesión de la Comisión Asesora Presidencial “Arica 100”, que busca conmemorar el centenario del Tratado de Lima y la incorporación de Arica a territorio chileno. Esta instancia, promovida por el Gobierno del presidente Boric, tendrá la misión de entregar una propuesta que contemple proyectos, obras y acciones conmemorativas de este importante hito nacional, el que pone en el centro del debate a la región de Arica y Parinacota y a la histórica promesa de progreso.
Pero no es la primera vez que la región encabeza un debate en torno a las deudas que tiene el Estado de Chile con este territorio, porque a pesar de los significativos aportes en inversión pública e infraestructura que se ejecutan en la región año tras año y la legislación focalizada para la región en su condición de extrema, moverse por las calles de Arica, los valles y las comunas rurales de nuestro distrito es recorrer las huellas de un Estado que en toda su magnitud —nacional, regional y comunal— se encuentra en deuda.
Reconocer lo anterior y analizar esa contradicción del Estado en nuestra región es una necesidad estratégica, toda vez que nos exige buscar respuestas políticas a esa profunda herida ciudadana que significa el abandono, la cual viene transformándose desde hace tiempo en desafección política y caldo de cultivo para los populismos y la derecha radical, logrando conectar con los miedos y dolores de quienes habitan este territorio. Además, la apertura de esta discusión, en la coyuntura que ofrece el funcionamiento de la Comisión Arica 100, es una oportunidad de mirar al futuro, despercudiéndose de la nostalgia “juntadelantina”, pero evidenciando que la experiencia histórica y la memoria colectiva en torno al progreso económico de este territorio nos refuerza que cuando el Estado tiene un rol articulador y activo en la estrategia de desarrollo, la bonanza económica se produce.
Porque lo que aquí se adeuda, en el fondo, no se soluciona tan solo con la inyección de recursos y la priorización de obras de infraestructura pública —por más necesarios y bien recibidos que sean—, sino más bien con la presencia de un Estado con capacidad de articular y promover el desarrollo de la región. Esto implica aprovechar el enorme potencial estratégico que se posee, no tan solo para el Estado de Chile y el ejercicio activo de su soberanía, sino que también para la macrozona sur andina. Si el proceso de discusión iniciado con la Comisión Arica 100 no logra conectar con el fondo del problema, se corre el riesgo de quedarnos en discursos conmemorativos y ofertones de infraestructura que podrían no tener sostenibilidad en el tiempo, por más urgentes que se vean hoy, y con ello seguir profundizando la desafección ciudadana y la sensación de abandono.
En definitiva, la milenaria historia de este territorio y la histórica promesa de progreso del Estado de Chile con la región nos obligan a una reflexión profunda. La Comisión Arica 100 debe ser un ente catalizador de algo más que infraestructura y conmemoración; es momento que el Estado chileno asuma un rol protagónico en nuestro territorio de frente al futuro, articulando un desarrollo real y con proyección acorde al mundo de hoy, y no al de 60 años atrás. Es momento de sanar la herida del abandono y asegurar un futuro próspero y sostenible para los habitantes de esta hermosa y tan olvidada tierra.
MIGUEL ÁNGEL MAUGARD BRAVO
Profesor de Historia y Geografía
Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos
